La Palma ha convertido una catástrofe en un legado. Lo que comenzó como una recogida de firmas en medio de la desesperación se ha transformado en una herramienta que protegerá a Canarias frente a futuros volcanes. Y es que el Parlamento de Canarias aprobó el 24 de septiembre la Ley de Volcanes, una norma pionera en España que garantiza derechos y establece un marco de actuación frente a futuras erupciones. Se trata de una victoria ciudadana nacida en La Palma, donde más de 19.000 firmas impulsaron una iniciativa legislativa popular tras la erupción del Tajogaite en 2021.
La aprobación definitiva llegó apenas unos días después del dictamen en comisión, celebrado el 19 de septiembre, fecha simbólica por coincidir con el cuarto aniversario del inicio de la erupción. Con el respaldo unánime de todos los grupos, la Cámara convirtió en ley el clamor de un pueblo que, desde el dolor, ha logrado blindar a Canarias frente a los volcanes.
Dos nombres han acompañado el proceso desde su inicio: Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane y diputado autonómico, y Jonathan de Felipe, también parlamentario palmero y alcalde de Breña Alta.
Javier Llamas subrayó que la aprobación marca un antes y un después: “Es un hito histórico para Canarias, porque convierte en norma las demandas sociales surgidas tras la erupción de 2021. Como alcalde del municipio más afectado, sé lo que significa afrontar una catástrofe sin instrumentos suficientes. Esta ley da respuesta a esa necesidad. Es una victoria ciudadana, un triunfo de nuestros vecinos y vecinas que mejorará la vida de todos los canarios y las canarias. Honramos el esfuerzo de la sociedad civil, que ha transformado el dolor en una herramienta útil para proteger a las generaciones futuras”, asegura.
Jonathan de Felipe, que ha participado activamente en la tramitación, destacó el carácter colectivo del proceso: “Esta ley la ha hecho el pueblo y es un legado de La Palma para todo el archipiélago. Cuando haya un nuevo volcán, habrá un marco legal que permitirá actuar con rapidez, justicia y seguridad jurídica. Defendimos la creación del consorcio porque obliga a todas las administraciones a remar en la misma dirección. El drama no puede ser monopolizado, debe ser compartido y gestionado de manera justa y coordinada”, añade.
De la catástrofe al impulso legislativo
El Tajogaite arrasó más de 1.200 hectáreas, sepultó cerca de 3.000 edificaciones y obligó a la evacuación de unas 7.000 personas, en su mayoría del Valle de Aridane. Las ayudas llegaron, pero de manera dispersa y con retrasos, lo que alimentó la sensación de desamparo. Fue entonces cuando los afectados decidieron organizarse y levantar una propuesta legislativa que no naciera de la política, sino de la gente.
La recogida de firmas, la redacción del texto y la presentación en el Parlamento se convirtieron en un ejercicio de dignidad colectiva. Los vecinos que habían perdido casa, tierra o negocio lograron que su iniciativa llegara al pleno de la Cámara, donde se aprobó por unanimidad.
Contenido de la norma
La Ley de Volcanes declara de excepcional interés público la recuperación de los territorios afectados por una erupción y agiliza los procedimientos administrativos. Reconoce el derecho preferente de los damnificados a reconstruir sus viviendas en el mismo lugar o en áreas cercanas, o a recibir una compensación justa en dinero o en especie.
En el ámbito agrícola y ganadero, si el terreno original queda inutilizado, se contemplan alternativas para garantizar la continuidad de la actividad. La norma refuerza además la participación ciudadana y obliga a que los afectados sean escuchados en las decisiones sobre la reconstrucción.
La ley prevé la creación de un consorcio interadministrativo que agrupará al Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y representantes de los damnificados. Será el órgano encargado de coordinar recursos, planes y actuaciones, con el objetivo de evitar la dispersión de ayudas.
También incorpora disposiciones sobre seguros en zonas de riesgo y mecanismos de compensación fiscal. Aunque la retroactividad fue objeto de debate, se acordó que la ley cubra también a los afectados por el Tajogaite, con ajustes para no duplicar indemnizaciones.
Un consenso político inusual
La unanimidad en el Parlamento evidencia la magnitud del respaldo ciudadano. Los grupos introdujeron enmiendas para reforzar garantías jurídicas, aclarar la retroactividad y mejorar la transparencia en la gestión de ayudas, pero en todo momento respetaron la esencia de la iniciativa popular.
Las discusiones se centraron en aspectos técnicos como la definición de cuándo un territorio puede considerarse recuperado, la valoración de los bienes destruidos y la compatibilidad con normas ya existentes. El resultado fue un texto robusto, con mejoras de todos los grupos, pero fiel al espíritu original.
Una lección de ciudadanía
La Ley de Volcanes no es solo una norma técnica: es el reflejo de cómo una comunidad que lo perdió casi todo supo organizarse para lograr cambios profundos. Nacida del dolor y de la resiliencia, es un recordatorio de que las leyes también pueden escribirse desde abajo, con la sociedad como protagonista.
En palabras de Javier Llamas, es una victoria ciudadana. En las de Jonathan de Felipe, un legado de La Palma para todo el archipiélago. Una ley que demuestra que incluso entre cenizas y lava, la fuerza de la gente puede abrir caminos de esperanza.