El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende el compromiso de la Corporación por facilitar la construcción de nueva vivienda en La Palma para fijar población y atraer talento
El Cabildo de La Palma avanza para dar respuesta a la demanda habitacional que existe en la Isla, una situación que se ha visto agravada por la erupción del volcán Tajogaite, que afectó a tres municipios del Valle de Aridane donde se concentraba una importante cantidad de viviendas.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende la apuesta del equipo de gobierno que dirige por facilitar la construcción de nueva vivienda en La Palma, “algo esencial si queremos fijar población en nuestra isla y atraer talento, algo para lo que es esencial que existan residencias que permitan a la gente apostar por vivir en La Palma”, explica.
En este sentido, la Corporación recientemente ha abonado más de 300.000 euros al Ayuntamiento de Breña Alta para la adquisición de una nueva parcela en la calle Velázquez, un terreno que se suma a otras tres parcelas en esa misma zona, así como a otra que ya era propiedad del Ayuntamiento. Esta acción permitirá construir viviendas protegidas en el casco urbano del municipio, siendo el próximo paso elaborar el proyecto relativo a estos terrenos que podrá establecer el tipo de construcción que se podrá desarrollar en los mismos.
Sergio Rodríguez también explica que esta medida atiende a la demanda del Instituto Canario de Vivienda, que exige una actualización de los datos que obran en su poder sobre las posibles demandas de vecinos y vecinas de la Isla.
El presidente de la Isla también pone de relieve la importancia que tiene para La Palma el marco normativo actual, que posibilita atender a la escasez de vivienda y suelo, siendo un instrumento que permite a las administraciones ser más ágiles a la hora de construir y comprar vivienda protegida para ponerla a disposición de la ciudadanía.
Además, cabe recordar, que el Cabildo de La Palma lidera el plan de recuperación y rehabilitación de viviendas abandonadas en zonas rurales, que permite, por un lado, poner en el mercado inmuebles que vengan a paliar la crisis de vivienda que existe en la Isla, además de propiciar acciones que aminoren el despoblamiento de los municipios rurales.
Sergio Rodríguez señala que este trabajo permite dar seguridad jurídica y regular la concesión de estas ayudas públicas cuyo principal objetivo es disponer de una bolsa de viviendas en alquiler en todo el territorio de la Isla.
Esto se realizará a través de ayudas insulares para ejecutar la rehabilitación de estos inmuebles, con subvenciones que llegarán hasta el 50% del coste total de la rehabilitación y un máximo de 30.000 euros, a cambio de una garantía por parte de los propietarios de uso durante cinco años, para alquiler residencial. Una vez cumplido ese periodo, la propiedad quedará liberada de este acuerdo.