El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha marcado un punto de inflexión en su gestión medioambiental. El Pleno ordinario ha dado luz verde al expediente de contratación para la nueva concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, un contrato estratégico valorado en 420 millones de euros para los próximos 40 años.
Este acuerdo, que contó con el respaldo mayoritario de la corporación (PP, CC y PSOE), no es un trámite administrativo más: es la herramienta diseñada para resolver, de forma definitiva, los problemas de vertidos que han afectado intermitentemente a las zonas de baño del municipio.
La principal novedad de este pliego radica en la obligatoriedad de ejecución de obras. La empresa que resulte adjudicataria deberá acometer de forma inmediata (entre 2026 y 2027) una inversión de 28,4 millones de euros.
Estas actuaciones se centrarán en la renovación estructural de las estaciones de bombeo y la mejora de la red de alcantarillado, infraestructuras que en los últimos años habían mostrado signos de agotamiento. El objetivo institucional es claro: garantizar la calidad del agua y la protección del ecosistema marino para recuperar la estabilidad de las banderas azules en sus playas.
Un modelo de gestión transparente
Más allá de la obra civil, el nuevo contrato introduce mecanismos de control más estrictos. La concesionaria estará obligada a digitalizar la red para detectar fugas en tiempo real y a mantener una comunicación constante y transparente sobre el estado de las infraestructuras.
«Estamos ante el contrato más importante de la década para la ciudad», señala el alcalde la ciudad, Leopoldo Afonso. Con este paso, Puerto de la Cruz no solo busca asegurar un suministro eficiente para residentes y turistas, sino también saldar una deuda histórica con su litoral, una joya natural de la ciudad.