Lanzarote y La Graciosa activan su planeamiento, intervienen sobre el uso turístico del suelo y fortalecen la protección de espacios naturales tras años sin herramientas actualizadas
El nuevo marco territorial fija límites al crecimiento, protege el paisaje, ordena la implantación de renovables y equilibra la convivencia entre uso residencial, turístico y ambiental
Durante años, el territorio de Lanzarote y La Graciosa avanzó sin un marco actualizado que permitiera ordenar su crecimiento de forma coherente. La isla acumulaba un desfase evidente entre la realidad y las herramientas disponibles para gestionarla teniendo en cuenta la expansión turística, la presión sobre la vivienda, el aumento de usos en suelo rústico y una ocupación creciente de espacios naturales sin una regulación efectiva.
Ese escenario ha comenzado a corregirse en los últimos tres años. El Cabildo de Lanzarote ha activado los principales instrumentos de ordenación territorial y ha incorporado medidas concretas sobre el terreno. El cambio responde a una estrategia estructurada que combina planificación, control y ejecución, con el objetivo de definir un modelo territorial más claro y sostenible.
Este modelo se basa principalmente en una forma distinta de abordar la gestión pública. Bajo la presidencia de Oswaldo Betancort, el Cabildo de Lanzarote ha impulsado un trabajo coordinado entre áreas clave como Ordenación del Territorio, Política Territorial y Medio Ambiente, dirigidas por Jesús Machín y Samuel Martín. Esta coordinación ha permitido avanzar en paralelo en la tramitación de documentos, su validación ambiental y la aplicación de medidas prácticas, conectando la planificación con la gestión real del territorio.
“Lanzarote ha funcionado sin herramientas actualizadas durante mucho tiempo. Hoy estamos construyendo un marco que nos permite tomar decisiones con criterio y con seguridad jurídica”, señala Betancort, que sitúa este proceso como uno de los ejes de la legislatura.
Reactivación de la ordenación territorial tras más de tres décadas de desfase
El principal síntoma del retraso acumulado era la vigencia de un Plan Insular de Ordenación del Territorio aprobado en 1991. Durante más de tres décadas, Lanzarote y La Graciosa han operado sin una herramienta adaptada a su realidad actual. A ello se sumaban intentos fallidos de actualización que no llegaron a consolidarse, pese a la inversión económica y al consenso técnico alcanzado en su momento.
A esta situación se sumaba la inexistencia de un Órgano de Evaluación Ambiental insular, una herramienta clave para agilizar la tramitación de planeamientos. Su creación en esta legislatura ha permitido desbloquear documentos que llevaban años paralizados.
El nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) ya ha superado el trámite del documento de alcance, lo que marca el inicio de su desarrollo efectivo. El planteamiento introduce cambios relevantes en el modelo territorial: prevé proteger en torno al 60% del suelo insular, reforzar el peso del sector primario y reducir la presión turística en determinadas zonas. En Playa Blanca, por ejemplo, se eliminan más de 100.000 metros cuadrados de uso turístico previsto, reorientando el modelo hacia una menor ocupación del suelo.
“Estamos recuperando la capacidad de ordenar el territorio con seguridad jurídica. El objetivo es corregir desequilibrios acumulados durante años”, apunta el consejero de Política Territorial, Jesús Machín.
En paralelo, avanzan otros instrumentos clave como el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, que ya ha iniciado su desarrollo tras la aprobación de su documento de alcance, y el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, que recientemente ha salido a exposición pública tras la aprobación de su avance. Este último incorpora una ordenación específica del espacio protegido, delimita tres ámbitos diferenciados de protección y regula la convivencia entre actividad agrícola, paisaje y núcleos poblacionales existentes.
El documento de La Geria refuerza la protección del cultivo tradicional en hoyo, reconoce el papel de viticultores y bodegas en la conservación del paisaje y establece límites claros al crecimiento dentro de uno de los espacios más emblemáticos de Lanzarote.
La inspección reduce la vivienda vacacional
El avance del planeamiento se ha acompañado de una intervención directa sobre uno de los principales focos de presión territorial como es la vivienda vacacional. En la última década, su crecimiento ha alterado el uso del suelo residencial y ha generado tensiones en distintos núcleos urbanos.
La respuesta del Cabildo ha sido llevar a cabo una labor de inspección en el que se registró que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el número de viviendas vacacionales descendió de 8.209 a 7.313, tras la retirada de 896 unidades.
A esta cifra se suman otras 330 viviendas que han salido del mercado y alrededor de 150 detectadas como irregulares que ya no pueden operar. Se trata de la primera actuación sistemática impulsada por un cabildo en Canarias en este ámbito.
Para Jesús Machín, la clave está en integrar este fenómeno dentro de la ordenación territorial. “La retirada de estas viviendas abre la posibilidad de que se incorporen al mercado residencial, contribuyendo a aliviar la presión existente sobre el alquiler y la compra, especialmente en zonas con una fuerte competencia entre uso turístico y uso residencial”, indica.
La intervención directa mejora la protección de espacios naturales
La falta de planificación también se había reflejado en una creciente presión sobre espacios naturales. Actividades recreativas, accesos descontrolados o usos no autorizados habían comenzado a generar impactos visibles en zonas especialmente sensibles.
La presencia de personal informador, la regulación de accesos o la reorganización de la movilidad en determinados enclaves son algunas de las medidas que ya se aplican sobre el terreno. A ello se suma la incorporación de sistemas de vigilancia y mantenimiento en espacios como el Parque Natural de Los Volcanes.
El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, incide en ese cambio de enfoque. “Durante mucho tiempo se hablaba de protección sin capacidad real de intervenir. Ahora estamos actuando directamente, estableciendo normas y aplicándolas en los espacios donde es necesario”, expone.
La imposición de sanciones por actividades ilegales, como las rutas motorizadas en suelo protegido, forma parte de esa línea de actuación. No se trata solo de corregir conductas puntuales, sino de trasladar un mensaje claro sobre los límites del uso del territorio.
Paisaje, renovables y protección del modelo insular
La actualización del planeamiento también está permitiendo definir criterios claros para la implantación de energías renovables en Lanzarote y La Graciosa.
En las últimas semanas, el Gobierno de Canarias ha retirado los mapas vinculados a las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), abriendo la puerta a una nueva propuesta elaborada por el Cabildo y adaptada a la realidad territorial y paisajística de ambas islas.
El modelo que defiende la Institución insular apuesta por concentrar las instalaciones en espacios previamente transformados, excluir el suelo agrario de alto valor y garantizar que la implantación de renovables sea compatible con la conservación del paisaje.
Esta posición también se ha trasladado en el expediente de la planta fotovoltaica proyectada en Mácher, sobre la que el Cabildo emitirá un informe desfavorable al considerar que no encaja en el modelo territorial que se está definiendo para la isla.
Oswaldo Betancort enmarca estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia. “Lanzarote tiene reconocimientos internacionales como Reserva de la Biosfera, Geoparque Mundial y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), que no son solo títulos. Implican una responsabilidad. La planificación que estamos desarrollando busca precisamente eso, garantizar que el desarrollo de la isla sea compatible con la conservación de su identidad”, subraya.
El conjunto de actuaciones refleja un cambio de etapa en la gestión del territorio insular. Lanzarote ha pasado de operar sin herramientas actualizadas a contar con un conjunto de instrumentos en marcha, con capacidad para intervenir sobre el uso del suelo y aplicar la normativa en espacios sensibles.
El presidente del Cabildo sitúa este proceso como una recuperación de la capacidad de decisión. “La isla no puede seguir creciendo sin reglas. Necesita planificación, coordinación entre áreas y decisiones que se cumplan”, remarca.
La exposición pública del Plan Especial de La Geria, la activación de los nuevos planes de modernización turística de Playa Blanca y Costa Teguise, el avance del PIOT y la definición de un modelo propio para la implantación de renovables evidencian una estrategia orientada a reforzar la capacidad de decisión de Lanzarote sobre su territorio y garantizar que el crecimiento de la isla se produzca de forma compatible con la conservación de sus valores paisajísticos, ambientales y agrícolas.