Por Lluís Serra Majem
En Canarias, la prevención del desperdicio alimentario es especialmente importante y, probablemente, más prioritaria que en muchos territorios continentales. Esto se debe a una combinación muy concreta de factores: nuestra condición de territorio insular, la fuerte dependencia del exterior, la limitación del suelo disponible y la fragilidad ambiental del archipiélago.
Para tener una idea clara del problema, basta recordar que Canarias importa más del 80 % de los alimentos que consume. Cada alimento que se desperdicia ha tenido detrás transporte marítimo o aéreo, refrigeración, almacenamiento y distribución en un territorio fragmentado. Cuando aquí se tira comida, no solo se desperdicia el alimento, sino también combustible, energía y emisiones asociadas a todo ese proceso logístico.
A esto se suma un problema estructural muy serio en la gestión de residuos. Canarias genera alrededor de 1,2 millones de toneladas de residuos al año, y una parte muy significativa sigue acabando en vertederos. En unas islas con suelo limitado y capacidad de vertido reducida, el propio Gobierno de Canarias insiste en que el mejor residuo es el que no se produce, porque el sistema se acerca cada vez más a una situación límite.
El desperdicio alimentario tiene además un impacto directo sobre el clima. Los residuos orgánicos generan metano al descomponerse en los vertederos, un gas con un potencial de calentamiento global muy superior al del CO₂. En un territorio especialmente vulnerable al cambio climático, expuesto a sequías, olas de calor, erosión costera y estrés hídrico, reducir el desperdicio alimentario tiene un valor ambiental estratégico.
Otro dato clave es la presión turística. Canarias recibe cada año más de 15 millones de visitantes, lo que multiplica el consumo de alimentos y la generación de residuos en hoteles, restaurantes y comercios. Los estudios sobre gestión de residuos identifican claramente al turismo como uno de los factores que más tensionan el sistema.
Todo esto se agrava por la fuerte dependencia alimentaria exterior. En un territorio alejado y fragmentado como el nuestro, desperdiciar alimentos reduce la resiliencia alimentaria y nos hace más vulnerables ante interrupciones logísticas, crisis de abastecimiento o subidas de precios.
El impacto económico también es evidente. La cesta de la compra es, de media, más cara en Canarias debido a los costes asociados a la insularidad y al transporte. Por eso, tirar alimentos supone una pérdida económica especialmente relevante para hogares y empresas.
Frente a este contexto tan complejo, Canarias tiene también una gran oportunidad: la economía circular. Los residuos orgánicos pueden transformarse en compost o biogás, algo especialmente valioso en islas con recursos limitados y con la necesidad estratégica de reducir la dependencia del exterior.
La nueva ley española sobre desperdicio alimentario —la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario— abre oportunidades importantes, pero también genera riesgos y tensiones para empresas, consumidores y administraciones. La norma obliga a muchos actores de la cadena alimentaria a tener planes de prevención, prioriza la donación de excedentes y establece sanciones elevadas por incumplimiento.
Esta ley obliga a empresas como supermercados, restaurantes o distribuidores a planificar mejor, a evitar pérdidas y, sobre todo, a donar los alimentos que todavía se pueden consumir. Además, establece sanciones importantes para quienes no cumplan.
Por un lado, esta ley tiene aspectos muy positivos. Puede ayudar a las empresas a ser más eficientes, a reducir costes y a gestionar mejor sus productos. También abre la puerta a nuevos negocios, como aplicaciones para aprovechar excedentes o servicios de redistribución de alimentos.
Además, mejora la imagen de las empresas, haciéndolas más responsables y sostenibles, y tiene un impacto social claro: más alimentos pueden llegar a personas que lo necesitan. Y no solo eso, también promueve un cambio en la sociedad, fomentando hábitos de consumo más responsables.
Pero no todo es tan sencillo.
La ley también plantea dificultades, especialmente para las pequeñas empresas, que tendrán que asumir más obligaciones, más papeleo y más costes. A esto se suma el miedo a sanciones altas, que puede generar inseguridad.
También hay problemas prácticos: donar alimentos no es fácil, requiere transporte, control sanitario y coordinación. Y existe el riesgo de que estos costes acaben trasladándose al consumidor.
Además, algunos critican que la ley no aborda suficientemente el desperdicio en los hogares, que es una parte muy importante del problema, y que en algunos casos puede percibirse como una intervención excesiva.
En definitiva, estamos ante una ley necesaria y con un gran potencial, pero su éxito dependerá de cómo se aplique en la práctica, de si realmente se apoya a las pequeñas empresas y de si consigue equilibrar bien las obligaciones con soluciones reales. Porque al final, el objetivo es claro: aprovechar mejor los alimentos y reducir un desperdicio que, hoy en día, ya no podemos permitirnos.
La ULPGC presentó el mes pasado en CANARIAS7 una publicación sobre desperdicio alimentario, con el apoyo de Spar Gran Canaria y el Banco de Alimentos, que convierte la cocina de aprovechamiento en una herramienta social, ambiental y cultural. La presentación de esta publicación, patrocinada por el CIBER OBN del Instituto Carlos III, también fue posible gracias al respaldo de quienes entienden la gastronomía como compromiso colectivo; un encuentro donde universidad, empresa, voluntariado y sociedad volvieron a sentarse en la misma mesa para hablar de conciencia, territorio y aprovechamiento.
Una vez más, nuestras abuelas nos indican el camino a seguir: como en tantas cosas las respuestas las tenemos en nuestras tradiciones y costumbres.